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miércoles, 10 de septiembre de 2014

Prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios. Breve análisis jurídico.

Por medio de publicación en el Boletín Oficial del Estado de 30 de julio de 2014, entró en vigor el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, cubriendo el vacío que la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 21 de mayo de 2013 dejó tras declarar la nulidad del Real Decreto 1707/2011 por motivos meramente formales.

El mencionado Real Decreto regula el régimen jurídico de las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, contemplando elementos tan relevantes como sus modalidades, la duración de las mismas y los derechos y obligaciones de las partes intervinientes.

Procederemos a resumir brevemente los aspectos más relevantes del Real Decreto:


Definición y características básicas de las prácticas externas


La prácticas académicas externas son definidas en el artículo 2.1 del Real Decreto como “una actividad de naturaleza formativa realizada por los estudiantes universitarios y supervisada por las Universidades, cuyo objetivo es permitir a los mismos aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento.”

En este sentido, el texto normativo se preocupa por aclarar que el desarrollo de estas prácticas académicas no implica, en ningún caso, un supuesto de relación laboral. Es más, en caso de que el becario se incorporase posteriormente a la plantilla de la entidad colaboradora, el tiempo empleado en las prácticas no se tendría en cuenta a efectos de antigüedad, pudiéndose incluso pactar un periodo de prueba.


Modalidades y duración de las prácticas externas


Las modalidades y la duración de las prácticas externas se regula, respectivamente, en los artículos 4 y 5 del Real Decreto. La distinción básica es la siguiente:

  • Prácticas curriculares:  Se configuran como actividades académicas integrantes del Plan de Estudios de que se trate y tendrán la duración que establezca el plan de estudios correspondiente.

  • Prácticas extracurriculares: Son aquellas que los estudiantes podrán realizar con carácter voluntario durante su periodo de formación y que, aun teniendo los mismos fines que las prácticas curriculares, no forman parte del correspondiente Plan de Estudios. Su duración será fijada por las universidades, aunque preferiblemente no superará el cincuenta por ciento del curso académico.


Convenios de cooperación educativa


Resulta preceptivo que las prácticas académicas se realicen a través de los convenios de cooperación educativa que deberán suscribir las universidades y las entidades colaboradoras. Este convenio será el que regule efectivamente las relaciones entre todas las partes intervinientes, esto es, el estudiante, la universidad y la entidad colaboradora.

Según el artículo 7 del Real Decreto, el convenio deberá estipular necesariamente las siguientes materias:

a) El proyecto formativo objeto de la práctica a realizar por el estudiante.

b) El régimen de permisos a que tenga derecho con arreglo a la normativa vigente.

c) Las condiciones de rescisión anticipada de la práctica en caso de incumplimiento de sus términos.

d) En su caso, el régimen de suscripción y pago de seguros, tanto de accidentes como de responsabilidad civil, o garantía financiera equivalente.

e) La existencia, en su caso, de una bolsa o ayuda de estudios para el estudiante y  la forma de su satisfacción.

f) La protección de sus datos.

g) La regulación de los eventuales conflictos surgidos en su desarrollo.

h) Los términos del reconocimiento de la universidad a la labor realizada por los tutores de la entidad colaboradora.


Derechos y deberes de los estudiantes en prácticas


Otro de los contenidos básicos y más destacados del Real Decreto, es la regulación de los derechos y deberes básicos de los estudiantes en prácticas.

Dentro de los derechos más importantes figura el derecho a la tutela durante las prácticas; a la correspondiente evaluación por parte del tutor; y a la obtención de un informe por parte de la entidad colaboradora con mención expresa de la actividad desarrollada, su duración y, en su caso, su rendimiento.

Asimismo, el estudiante tendrá derecho a la propiedad intelectual e industrial en los términos establecidos en la legislación de aplicación, y a percibir la aportación económica de la entidad colaboradora, en concepto de bolsa o ayuda al estudio, en caso de que se hubiese regulado en el convenio de cooperación educativa.

En cuanto a las obligaciones del estudiante en prácticas, destaca la de cumplir con las indicaciones del tutor asignado por la entidad colaboradora bajo la supervisión del tutor académico de la universidad; cumplir el horario previsto en el proyecto educativo y respetar las normas de funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos laborales de la entidad colaboradora; cumplir con diligencia las actividades acordadas con la entidad colaboradora; y guardar confidencialidad en relación con la información interna de la entidad colaboradora.


Régimen de Seguridad Social


Resulta de extrema importancia la diferenciación entre este Real Decreto y el anterior Real Decreto 1707/2011 que resultó anulado por el Tribunal Supremo.

Mientras que en el Real Decreto anterior se preveía expresamente que no serían de aplicación a los estudiantes universitarios que realizasen las prácticas académicas externas, los mecanismos de inclusión en la Seguridad Social contemplados en Real Decreto 1493/2011 de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, en el actual Real Decreto 592/2014 no se ha incluido esta exclusión, por lo que se puede entender que los estudiantes que realicen estas prácticas deberán incluirse dentro del sistema de Seguridad Social.



photo credit: juhansonin via photopin cc

lunes, 26 de mayo de 2014

Contrato para la formación y el aprendizaje: Régimen jurídico y características fundamentales

El contrato para la formación y el aprendizaje es la segunda modalidad dentro de los contratos formativos que se recogen por el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores junto al contrato en prácticas si bien, a diferencia de éste, el contrato para la formación y el aprendizaje tiene un componente formativo mucho más fuerte que el contrato en prácticas.



Este contrato se regula por medio del artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores, así como por el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual y la Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos del contrato para la formación y el aprendizaje.



Definición, características y régimen jurídico del contrato para la formación y el aprendizaje.



Sin duda, el objeto fundamental de este contrato, como dispone el propio artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores, será la “la cualificación profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa con actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo”. Es decir, este contrato deberá combinar la práctica profesional con la formación teórica, siendo éste uno de los aspectos más relevantes del mismo.

Los requisitos que deben cumplir estos contratos son varios, según se procederá a detallar: 

  • Este contrato únicamente se podrá celebrar con trabajadores mayores de 16 años y menores de 25 si bien, hasta que la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 15%, se podrá celebrar con trabajadores menores de 30 años. En todo caso, el límite máximo de edad no será aplicable cuando el contrato de formación se concierte con personas con discapacidad. 

  • La duración mínima del contrato será de un año y la máxima de tres años, todo ello sujeto a lo establecido por el convenio colectivo de aplicación. No obstante, si el contrato se hubiese concertado por una duración inferior a la máxima legal o convencional, el mismo podrá prorrogarse mediante acuerdo de las partes y hasta en dos ocasiones, sin que la duración de la prórroga pueda ser inferior a seis meses y sin que se pueda exceder del máximo fijado legal o convencionalmente. 

  • La formación que reciba el trabajador deberá ser dispensada por un centro reconocido para ello por el Sistema Nacional de Empleo. Únicamente podrá impartir formación la empresa si la misma dispone de instalaciones y personal adecuados a los efectos de la acreditación de competencia o cualificación profesional. 

  • Por supuesto, la actividad laboral del trabajador deberá estar relacionada en todo caso con la formación que reciba. 

  • El tiempo de trabajo efectivo no podrá ser superior al 75% del dedicado a las actividades formativas durante el primer año, o al 85% durante el segundo y tercer año, en relación a la jornada máxima prevista legal o convencionalmente. Es de destacar que los trabajadores vinculados con un contrato de formación no podrán trabajar horas extraordinarias, salvo que esas sean de fuerza mayor. 

  • En cuanto a la retribución, esta deberá determinarse en proporción al tiempo de trabajo efectivo. 

Terminación del contrato para la formación y el aprendizaje. Indemnización por extinción.


El régimen jurídico de la extinción del contrato para la formación y el aprendizaje resulta ciertamente similar a la del contrato en prácticas.

A estos efectos, el Real Decreto 1529/2012 preceptúa que este contrato podrá finalizar por cualquiera de las causas que regula el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, siendo una de ellas la expiración del tiempo convenido en el propio contrato.

A los efectos de extinguir el contrato por expiración del tiempo convenido, se exigirá la previa denuncia por cualquiera de las partes, debiendo la parte que formule la denuncia notificar a la otra la terminación del contrato con una antelación mínima de quince días a su terminación. En caso de que la empresa incumpliese este preaviso, deberá abonar una indemnización al trabajador equivalente al salario correspondiente a los días en que dicho plazo se haya incumplido.

En caso de que, una vez finalizado el tiempo pactado en contrato (salvo que no se hubiese agotado la duración legal máxima posible) el trabajador continuase prestando servicios, el contrato se entenderá prorrogado tácitamente por tiempo indefinido.

Por último, la extinción no conllevará derecho a percibir indemnización alguna por parte del trabajador tal y como indica el artículo 49.1 c) del Estatuto de los Trabajadores, al contrario de lo que sucede con los contratos por obra o servicio y los eventuales.


photo credit: thinkpanama via photopin cc

domingo, 18 de mayo de 2014

Contrato en prácticas: Régimen jurídico y características fundamentales

El contrato en prácticas se regula por el artículo 11.1 del Estatuto de los Trabajadores, así como por el Capítulo I del Real Decreto 488/1998, 27 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores en materia de Contratos Formativos.

Este contrato, junto con el contrato para la formación y el aprendizaje, forman los dos contratos formativos con los que cuenta la legislación laboral española.

Definición, características y régimen jurídico del contrato de en prácticas.


El objeto básico de este tipo de contrato consiste en “permitir la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios o de formación cursados”, según dispone el propio apartado a) del artículo 11.1 del Estatuto de los Trabajadores. Por tanto, la misión fundamental de esta tipología de contrato no será tanto adquirir formación sino la necesaria práctica profesional que complete la formación teórica adquirida mediante los estudios.

Este contrato únicamente se podrá concertar con aquellos trabajadores que se encuentren en posesión de un título universitario o de formación profesional de grado medio o superior o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, o de certificado de profesionalidad de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, que habiliten para el ejercicio profesional.

Para celebrar este contrato no habrá límite de edad, al contrario de lo que sucede con el contrato para la formación y el aprendizaje, si bien será preceptivo que el mismo se concierte dentro de los cinco años inmediatamente siguientes a la terminación de los correspondientes estudios, o dentro de los siete años siguientes en caso de que el contrato se concierte con un trabajador con discapacidad.

Asimismo, existen unos requisitos específicos que se deben detallar independientemente: 


  • La duración del contrato no podrá ser inferior a seis meses ni superior a dos años, siempre dentro de lo que marquen los convenios colectivos aplicables. 

  • El trabajador en prácticas no podrá estar contratado en virtud de este contrato en la misma ni en distinta empresa por tiempo superior a dos años en virtud de la misma titulación o certificado de profesionalidad. Tampoco podrá estar vinculado en la misma empresa para el mismo puesto de trabajo durante más de dos años en virtud de esta modalidad contractual, aunque se trate de distinta titulación o certificado de profesionalidad. 

  • El periodo de prueba será como máximo de un mes para los trabajadores que estén en posesión de un título medio o certificado de profesionalidad de nivel 1 o 2. En cambio, el periodo de prueba no podrá superar los dos meses para los trabajadores que estén en posesión de título de grado superior o certificado de profesionalidad de nivel 3. 

  • La retribución será la fijada en convenio colectivo, si bien no podrá “ser inferior al 60 o al 75 por 100 durante el primero o el segundo año de vigencia del contrato, respectivamente, del salario fijado en convenio para un trabajador que desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo.” 

Terminación del contrato en prácticas. Indemnización por extinción.


Según el artículo 49.1 c) del Estatuto de los Trabajadores, el contrato en prácticas finalizará por expiración del tiempo máximo convenido.

No obstante, se prevé expresamente que de finalizarse el plazo máximo de duración y no mediar denuncia por ninguna de las partes y continuando el trabajador prestando servicios, el contrato se prorrogará tácitamente hasta que se llegue al plazo legal máximo para este tipo de contratos. 

Asimismo, de alcanzarse la duración máxima del contrato y, continuado el trabajador prestando servicios tras dicho momento, el contrato se considerará prorrogado tácitamente por tiempo indefinido.

Se requiere, de igual forma, por parte del empresario un preaviso de 15 días sobre la finalización del contrato en prácticas.

Finalmente, indicar que la finalización de este contrato no conlleva la correspondiente indemnización por término del mismo, como sí llevan aparejada los contratos eventuales o por obra o servicio determinado.