Hace unos días efectuábamos un breve comentario sobre el Informe del Comité de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español (la conocida como Comisión Lagares), por el que se proponía la eliminación de la exención fiscal para las indemnizaciones abonadas a los trabajadores por despidos improcedentes.
Volvemos de nuevo al análisis de este informe, para hacer una sucinta referencia a la propuesta que se contiene en el mismo sobre la modificación del régimen de cotizaciones sociales. En definitiva, el Comité de Expertos aboga, en grandes rasgos, por la transformación del sistema de cuotas sociales por un impuesto sobre nóminas.
Así es, el Informe detecta, a su juicio (claramente visto desde un mero punto de vista tributario) una serie de disfunciones que aconsejarían modificar el actual sistema de cotizaciones sociales por un impuesto sobre nóminas. Las ineficiencias detectadas serían las siguientes:
- La existencia de topes máximos y mínimos en las bases de cotización, la cual impide “la aproximación final a una imposición sobre nóminas plenamente equivalente al gravamen de rendimientos de trabajo en el IRPF”.
- La carga de la financiación de la Seguridad Social recae sobre las empresas de forma excesiva, puesto que la mayoría de las cuotas sociales son asumidas por el empresario.
- El peso relativo de las cotizaciones sociales es más elevado que la media de los países de nuestro entorno.
Las anteriores conclusiones e ineficiencias detectadas concluyen en una serie de recomendaciones por parte del Comité de Expertos que se fundamentan en dos grandes bases:
Creación de un impuesto sobre nóminas.
En primer lugar, el Informe defiende la supresión del sistema de cotizaciones sociales por un auténtico impuesto sobre nóminas.
En virtud de lo anterior, se suprimirían las actuales bases de cotización sobre las que se calculan las cotizaciones sociales y se sustituirían por los rendimientos del trabajo, según los términos expuestos en la normativa tributaria.
Asimismo, se reduciría el nivel de los tipos de cotización y se repartiría la carga impositiva más equitativamente entre trabajador y empresario.
A estos efectos, se llega a proponer que las cuotas que tuviesen que soportar los trabajadores se integrasen en el actual sistema de retenciones por IRPF.
Eliminación del actual órgano de gestión de las cotizaciones sociales (la Tesorería General de la Seguridad Social) en favor de la Administración Tributaria.
Como segunda base del nuevo modelo propuesto, se sostiene la unificación de los órganos de gestión tributarios y de Seguridad Social, creándose una nueva Administración unificada, con procedimientos y declaraciones comunes.
Lógicamente, esta propuesta supondrá, en la práctica, la desaparición de la Tesorería General de la Seguridad Social tal y como se conoce, deduciéndose de esta propuesta que la totalidad de la gestión este nuevo impuesto quedaría en manos de la Agencia Tributaria.
En definitiva, la medida propuesta por la Comisión Lagares, si bien no parece que vaya a tener favorable acogida, por lo radical de la misma, no deja de ser un reflejo de lo que se viene pretendiendo por medio de las últimas reformas en materia de cotización, esto es, unificar cada vez más el sistema de cotizaciones sociales y el sistema tributario.
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